En un hecho inédito, el sector independiente tuvo la oportunidad de exponer e instalar temas de fondo en la agenda legislativa, más allá de la emergencia, con el objetivo de construir un ecosistema próspero y sostenible para la creación, producción y consumo de la música chilena.

En el marco del proyecto de Ley “Plan de ayuda para las y los trabajadores de la música durante la emergencia sanitaria”, Germán Torres, Presidente de IMICHILE, fue invitado el jueves pasado a la sesión de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputados, a presentar la postura de la Industria Musical Independiente nacional en representación de IMREC, INMUVA, Mustach, IME, ROMMDA e IMICHILE.

Frente a la iniciativa, que plantea generar un fondo solidario con el aumento de la difusión de la música chilena en las radios y la televisión del 20 al 50%, durante el estado de catástrofe (boletín 13.539), los independientes plantearon los aspectos positivos y negativos de la misma, como también una alternativa ante la necesidad del sector.

Entre los aspectos positivos, se destacó que el proyecto pone énfasis en la promoción de contenidos, permite que gran parte de los derechos generados se queden en nuestro país (actualmente cerca del 80% de derechos van al extranjero), aumenta la visibilidad de nuestros artistas, lo que tiene efectos secundarios beneficiosos para la industria (contrataciones, streaming) y abre el debate para discutir reformas más profundas.

Entre los aspectos negativos, se señala que debido al desconocimiento en ámbitos de propiedad intelectual, existen muchos catálogos no inscritos (sobre todo regionales), y por tanto no son reconocidos en los monitoreos; establece expropiación de Propiedad Intelectual, lo que contraviene Ley 17.336, Constitución y Tratados Internacionales; no considera que los ciclos de reparto demoran 6 meses por lo que los ingresos generados recién se verían reflejados en 2021; golpea duramente a las radios, actualmente muy vulnerables; no contempla mecanismos de fiscalización; crear nóminas de beneficiarios del sector ha resultado muy complejo; no establece continuidad y no cuenta con apoyo de actores relevantes.
Considerando lo anterior, se plantea una propuesta alternativa que cumple con las necesidades del sector: una modificación a la Ley de fomento de la música chilena. La propuesta incluye los siguientes puntos:

– Fiscalización a la cuota del 20% y a las cuotas regionales. Actualmente no se lleva a cabo porque la ley no establece quién debe realizar dicha fiscalización.
– Reformulación a la composición del Consejo de la Música. El consejo actual no es representativo del gran universo de la música chilena, de los 15 cupos disponible, hoy solo hay 13 integrantes, todos son de Santiago, sólo hay una mujer y hay 6 puestos nombrados por una entidad privada.
– Dar atribuciones al Consejo de la Música para ejecutar recursos inmovilizados. Tras los reajustes de la Secretaría de la Música en el marco de la crisis por Covid-19, se lograron levantar $1.100 millones de pesos, de los cuales quedan $700 millones por distribuir y la propuesta es buscar alternativas que efectivamente apoyen al sector.
– Entregar beneficios a las radios y canales de televisión, que cumplan con ciertas cuotas de música chilena. Se llama a trabajar en conjunto con los medios de comunicación para fomentar la difusión de música chilena con incentivos más que obligatoriedad.
– Establecer la formación en Propiedad Intelectual y Regularización de Catálogos como una de las misiones del Consejo de la Música.

El espíritu de la participación de la industria independiente en el debate deja de manifiesto el compromiso del sector con apoyar el diseño y promoción de iniciativas comprometidas con la música chilena.
En la oportunidad también se presentaron representantes de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor SCD y Asociación de Músicos Rock de Valdivia, quienes manifestaron sus impresiones ante el proyecto de ley.